El pleno pide una reforma urgente de la ley de arrendamientos urbanos y aprueba una bateria de medidas para frenar el aumento de los alquileres y proteger a inquilinos e inquilinas

 

El Ayuntamiento de València se dirigirá al gobierno del Estado para pedir una reforma legal con carácter de urgencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el objetivo de proteger a los inquilinos e inquilinas, de acuerdo con la moción aprobada en el Pleno del mes de marzo.

 

María Oliver, como concejala de vivienda, ha defendido la moción suscrita por los portavoces de los grupos que forman parte del Govern de la Nau. En su intervención ha analizado “el creciente e indiscriminado aumento de los alquileres como consecuencia de una Ley de Arrendamientos Urbanos que ha desprotegido a los inquilinos”. Ha hablado de “burbuja de alquileres” propiciada por el nuevo marco legal, “una situación que se da porque se ha permitido el cambio de una ley Estatal y en la que, como siempre, paga el más débil”.

 

Oliver ha señalado que “la oferta de alquiler en la ciudad se ha reducido casi un 60% en tres años”, al tiempo que se producía un aumento generalizado de los precios que ha tenido como consecuencias la expulsión de vecinos en algunos barrios, “con un efecto dominó en otros barrios”. La concejala se ha referido a propuestas de la moción tales como alargar la duración de los contratos de tres a cinco años, establecer una limitación al aumento de los precios entre contrato y contrato, ligar ese aumento al IPC y el establecimiento de precios de referencia, declarar zonas saturadas o fomentar la creación de un parque de vivienda social. Todo ello partiendo de la reforma del marco legal estatal que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos.

 

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