En València, 82.000 hogares están en situación de reclamar el derecho subjetivo a una vivienda digna, según la Ley por la Función Social de la Vivienda. Esto quiere decir que más del 25 % de la población de la ciudad está en riesgo habitacional por ausencia de vivienda o de las condiciones que aseguran una vida digna. Por otro lado, el 13,6 % de las 415.000 casas de València están vacías. El porcentaje más grande de esas 64.740 viviendas desocupadas (el 27,5 %) se encuentra en Ciutat Vella, mientras que el distrito con menor tasa de desocupación es Jesús, con un 7,2 % de casas sin inquilinos. Estas y otros datos que reflejan el estado del parque de viviendas de la ciudad se recogen en el Plan Estratégico de la Vivienda que el Pleno municipal ha aprobado hoy, con la abstención de los grupos políticos de la oposición, “como un documento que recoge meses de estudio y coordinación, y que permitirá el equipo de gobierno trabajar con la realidad actual para garantizar a la ciudadanía el derecho a la vivienda”.
Con estas palabras, la concejala de Vivienda, María Oliver, ha resumido el plan anunciado durante el último Debate del Estado de la Ciudad, y ha recordado la voluntad del equipo de gobierno de “atender las necesidades de la población en materia de vivienda que, según este informe, se concretan en datos como que casi el 75 % (el 74,9 %) de las viviendas de València tienen más de 50 años de antigüedad, y el mencionado porcentaje del 25,9 % de la población que se encuentra en riesgo habitacional.
“València tiene, como el resto de ciudades del Estado, serios problemas para garantizar el derecho constitucional de sus habitantes a una vivienda digna y adecuada. Y estos problemas comunes se agravan al ser la única gran ciudad que no contaba, antes de llegar nosotros al Gobierno Municipal, ni con concejalía, ni con servicio, ni con empresa pública o patronato que se ocupara de la vivienda social”, ha explicado la concejala.
En el Plan Estratégico de Vivienda, encargado por el actual equipo de gobierno (por un presupuesto de unos 60.000 euros) a un equipo de profesionales liderados por el sociólogo Max Gigling, también consta que el 14,5 % de las viviendas de València están alquiladas y que la oferta de los arrendamientos ha decrecido “notablemente” (en los últimos 3 años se ha reducido cerca de un 60 %) y que los alquileres más asequibles (inferiores de los 300 euros) “también se han reducido desde que el Gobierno central aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2013”.
La concejala María Oliver ha recordado las intervenciones realizadas durante la presente legislatura para evitar, por ejemplo, desahucios, y ha anunciado la creación de un registro único de demandantes de ayudas y viviendas de alquiler social.
“También vamos a generar una comisión técnica de vivienda donde los diferentes servicios del Ayuntamiento, diferentes administraciones y entidades públicas, así como la sociedad civil, puedan definir con transparencia los criterios de acceso a ayudas y viviendas, y vamos a incrementar la oferta de vivienda asequible con mecanismos que movilizan las viviendas vacías mediante incentivos para su puesta a disposición para alquiler social”, ha explicado.