València en Comú denuncia la ausencia de políticas sociales

La plataforma municipalista considera que la muerte de un indigente en la puerta de Bienestar Social es el resultado de una política que penaliza la exclusión.

València en Comú recuerda en un comunicado hecho público hoy la muerte de un indigente en la puerta de la Dirección Territorial de Servicios Sociales. Según VALC, son cuatro las personas que han muerto en las calles de Valencia durante los últimos meses. En este sentido, la plataforma municipaliza considera la situación “intolerable, resultado de un modelo económico impulsado desde las instituciones públicas que deja a muchísimas personas sin casa, sin trabajo y sin recursos y que, en esas situaciones, deben enfrentarse al desmantelamiento de los servicios sociales y a la ausencia de una auténtica política de defensa de los derechos básicos, que ha de ser la que rija la acción de cualquier instancia de gobierno”.

Según manifiesta València en Comú en su comunicado, “la falta de vivienda, el llamado “sinhogarismo” es, en el siglo XXI, una de las formas de exclusión más extrema, ya que significa la negación del derecho a una vivienda digna que implica, a su vez, la privación de otros derechos básicos”. Para la plataforma municipalista, “la vivienda es un factor de integración social esencial y una necesidad humana”. Y aporta algunos datos: “Según la Tipología Europea de Sin Hogar y Exclusión Residencial (ETHOS), principal referencia para el estudio de personas sin hogar utilizada por el Comité Económico y Social Europeo, tener una vivienda significa disponer de ella en tres ámbitos o dominios: en el legal, que supone la tenencia de una vivienda en propiedad o alquiler; en el social, que permite mantener una privacidad y unas relaciones sociales; y en el físico, que posibilita al individuo disponer de unas mínimas condiciones de habitabilidad”.

Y más datos significativos que facilita València en Comú: “Según el informe FOESSA, en la Comunidad Valenciana más de 1,6 millones de personas, un 23,6% de la población, se encuentran en el umbral de la pobreza y, por tanto, en riesgo de exclusión social. Por otra parte, hay que recordar que en Valencia hay más de 200.000 viviendas vacías”.

A juicio de València en Comú, “las políticas autonómicas y municipales han dejado buena parte de los servicios sociales en manos privadas: la mayoría de los servicios especializados nacen privatizados o van privatizándose progresivamente. De ese modo, el diseño de los servicios sociales se limita a la gestión de ayudas económicas precarias, lo que deriva en un olvido de una perspectiva integral de las personas que reciben la ayuda”.

València en Comú denuncia esta situación en su comunicado y recuerda que, en su programa, “incluye la declaración de Valencia como una ciudad libre de desahucios, proponiendo acelerar todos los procedimientos necesarios para que ni una sola familia más sea desahuciada por razones económicas”.

VALC también subraya que su programa “también recoge la necesidad de promover la vivienda de protección social, poniendo fin a la venta de patrimonio público, y el establecimiento de planes de rehabilitación que fomenten la creación de empleo en el ámbito municipal. Para ello, se elaborará un Plan Municipal de Vivienda que evite la desocupación permanente e injustificada de viviendas, impulsando la cesión de pisos vacíos al ayuntamiento para su gestión temporal. De ese modo, se constituirá un parque público municipal de viviendas en régimen de alquiler social, que atienda especialmente las situaciones de mayor vulnerabilidad”.

Según València en Comú, “la economía de la especulación, su promoción de las hipotecas desenfrenadas y las actitudes irresponsables de la élite política y la banca han propiciado un escenario en el que multitud de familias son expropiadas de sus casas por unas entidades financieras que sobreviven gracias a la intervención pública, pero que actúan explícita y agresivamente contra el bien común. Y que lleva al extremo de morir en la indigencia en la puerta de los organismos públicos que deben garantizar los derechos básicos”.

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