València insta a Francisco Camps a renunciar como miembro del Consejo Jurídico Consultivo

 

A raíz de las declaraciones  en la Audiencia Nacional del exdirigente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado una moción de urgencia para que Francisco Camps deje su cargo en el Consejo Jurídico Consultivo. Además, esta moción pide que se establezcan las medidas oportunas para la recuperación del dinero desviado en casos de corrupción y se insta a las Cortes Valencianas a generar mecanismos de retirada de la condición de expresidentes “cuando se ponen en riesgo la dignidad y la honorabilidad de las instituciones valencianas”.

 

La moción aprobada insta así a Francisco Camps a renunciar tanto a su cargo como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, como del resto de atribuciones reguladas en la Ley del Estatuto de Expresidentes, “por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución”. Esta ley de la Generalitat Valenciana dispone, entre otras cuestiones, la pertenencia al Consejo Jurídico Consultivo por un periodo de 15 años de las personas que hayan ostentado la Presidencia de la Generalitat.

 

Además, ante la inexistencia de mecanismo alguno “que permita poder retirar la condición honorífica de expresidente a aquellas personas que han incurrido en actas o comportamientos impropios de esta condición”, el Pleno municipal también pide a las Cortes Valencianas mejorar esa ley para regular mecanismos de retirada de esta condición. La moción, cómo ha apuntado el alcalde, coincide con otras mociones parecidas que hoy también se han presentado en los ayuntamientos de Alicante y de Castellón, cuando mañana se cumplen dos años del comienzo de la operación policial conocida como Taula.

 

El grupo municipal de Valècia en Común ha presentado una enmienda de adición a esta moción para instar al Congreso y al Senado a promover una reforma del Código Penal para que los delitos cometidos por los servidores públicos, que atentan contra el patrimonio del Estado y de las Administraciones Públicas causando un grave perjuicio económico, aumenten el período de prescripción del delito y no permitan régimen de inmunidad.

 

La portavoz de València en Común, Maria Oliver, ha dicho que “estamos ante un momento tristemente histórico. Estamos hablando de delitos en contra de los fondos públicos. Es el momento de tomar medidas al respeto”. Ha continuado diciendo que el PP es un “partido creado para saquear nuestras instituciones. Camps es el paradigma de una red corrupta”.

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